La implementación de las recientes medidas cambiarias recupera la soberanía estatal sobre el mercado de divisas, sin restringir normativamente las operaciones, pero controlando el origen lícito de los fondos. La primera medida que se ha tomado está vinculada con la obligación para las hidrocarburíferas y mineras de liquidar el ciento por ciento de las divisas de sus exportaciones, una excepción injustificable que se originó en los noventa; ésta es una medida que hace rato venimos reclamando.
En 1991, por un decreto de Carlos Menem y Domingo Cavallo, se estableció que las petroleras estaban obligadas a liquidar en el país al menos el treinta por ciento de los dólares provenientes de sus exportaciones, es decir, podían dejar en el exterior el setenta por ciento de las divisas obtenidas por la exportación. En el caso de las mineras no tenían obligación de liquidar monto alguno, y podían dejar el ciento por ciento de las divisas afuera.
El decreto 1.772, firmado por Cristina Fernández de Kirchner, vuelve a instalar la obligatoriedad de la liquidación de divisas para todas las exportaciones, establecida en el decreto 2.581 del 10 de abril de 1964, firmado por el entonces presidente Arturo Illia, y se fundamenta en “razones de equidad, habiéndose modificado las circunstancias que dieran origen a las excepciones aludidas”.
Podría pensarse que la circunstancia que determinó la exención fueron las ideas del Consenso de Washington y la férrea adscripción del gobierno de Menem al neoliberalismo, que instaló un “pacto de estabilidad fiscal” a las mineras a través de la ley 24.196, de mayo de 1993, por el cual el gobierno no puede cambiar las condiciones originales pactadas en los contratos. De todas formas, hubo un interregno a partir de diciembre de 2001, cuando estuvieron obligados a liquidar las divisas -hasta febrero de 2003- cuando Eduardo Duhalde volvió a instalar la normativa de 1991 por medio de un decreto de necesidad y urgencia (DNU).
Hay que destacar que, en los últimos años, el sector petrolero y minero, en conjunto, liquidaron entre el setenta y el ochenta por ciento de sus exportaciones, y puede calcularse que, de haber liquidado la totalidad de ellas, habrían ingresado en el último año en las Reservas Internacionales cerca de tres mil millones de dólares más, un monto significativo. Pero analizando estos datos, no aparece la medida como una mera decisión para obtener más reservas, sino para subsanar una excepción injustificable que poseían dos actividades extractivas, en especial la minera.
El decreto corrige una inequidad, ya que no existían razones para un tratamiento diferencial respecto de las otras exportaciones, cuando, precisamente, son exportaciones mucho más valiosas porque indican la pérdida por ventas al exterior de recursos naturales no renovables, y cuya actividad, además, produce un deterioro ambiental muy fuerte.
Sin embargo, estas empresas están gozando de ganancias excepcionales, derivadas del fuerte aumento de los precios de esas materias primas en el exterior, en especial del oro, y no resulta coherente que esos resultados excepcionales sean usufructuados por un sector determinado de la sociedad, que para obtener los mismos no generó mayores inversiones, sino que derivan de una situación externa a las condiciones de las explotaciones.
Si esta lógica se aplicó correctamente para instalar las retenciones a granos y oleaginosas, con mayor razón debería extenderse a estos sectores injustamente beneficiados. Incluso, quedan por rever muchos otros beneficios de los que aún gozan las actividades hidrocarburíferas y mineras.
Las restantes políticas adoptadas determinan que deberán también entrar en el mercado local las divisas provenientes de las operaciones de venta de empresas argentinas a extranjeros. Además, según una resolución de la Superintendencia de Seguros, las aseguradoras tendrán que transferir la totalidad de sus inversiones y disponibilidades que poseen en el exterior a nuestro país, en un lapso de cincuenta días.
Las posteriores medidas sobre el mercado cambiario se orientaron a transparentar las operaciones, y verificar su origen genuino, evitando que compras de dólares en el mercado oficial abastezcan el mercado negro, así como los grandes operadores en el mercado de contado con liquidación, un mecanismo de salida legal de capitales, deberán justificar la liquidez suficiente para realizar las operaciones.
La AFIP, conjuntamente con el Banco Central, implementó un aplicativo para garantizar que las divisas que se compran sean adquiridas con fondos provenientes de ahorros producto de ingresos lícitamente obtenidos. El aplicativo fue implementado en tiempo récord y, si bien en los primeros días tuvo algunos inconvenientes, en la actualidad un alto porcentaje de las operaciones se validan y ya se están actualizando las páginas de Internet de banca electrónica para reanudar las operaciones de compra y venta de dólares.
El mercado cambiario se ha ido aquietando a medida que desaparecieron las operaciones especulativas, y el monto de transacciones diarias ha bajado significativamente.
Estas medidas tuvieron un impacto indirecto sobre los depósitos en dólares, los cuales, luego de haber crecido más de tres mil millones de dólares durante este año, comenzaron a reducirse acotadamente a partir del 31 de octubre; según los datos oficiales, en las dos semanas posteriores a las medidas los depósitos en dólares del sector privado se redujeron en U$S 1.690 millones, un once por ciento del total, y se calcula que en los días siguientes los retiros comenzarán a disminuir.
Si bien resulta redundante comentar que la situación actual es totalmente distinta a la de los años noventa, conviene remarcar que hoy hay depósitos en dólares del sector privado por trece mil millones de dólares, mientras que las Reservas Internacionales del BCRA fluctúan en los 46 mil millones de dólares.
Esta dolarización de portafolios ha tenido un efecto preocupante, que ha sido el aumento de las tasas de interés pasivas, pagadas por los depósitos, suba que ha sido influida por una decisión de la Anses de no renovar los fondos que tenía invertidos en los bancos privados, medida que recientemente ha revertido. El fuerte incremento en las tasas de interés pasivas se trasladó a las tasas activas, aplicadas a los préstamos, lo que deriva en mayores costos financieros para las empresas y las familias.
Creo que el próximo paso es ir trabajando en la reducción de las tasas de interés, para evitar estos niveles exageradamente altos que se han instalado, de forma que el impacto sobre las tasas activas sea menor. La no convalidación de altas tasas de interés sobre los grandes depósitos por parte de los bancos privados más importantes, ayudaría a la reducción de las tasas.
Otra decisión relevante es la reasignación de los subsidios al agua, gas y electricidad; se ha comenzado por quitar el ciento por ciento de los subsidios a sectores y grandes empresas con ingente rentabilidad, así como a usuarios domiciliarios de alta renta.
De las medidas tomadas sobre los subsidios pueden resaltarse cuatro cuestiones positivas:
Uno: Se continúa quitando los subsidios a las grandes empresas de sectores de altas ganancias.
Dos: se ha excluido a las pymes de la quita de subsidios, como veníamos proponiendo desde nuestro espacio político, reconociendo su menor capacidad contributiva y el aporte al empleo que realizan.
Tres: Los usuarios domiciliarios deben explicar que necesitan subsidios. Así, el subsidio se personaliza, y es una forma mucho más eficiente de otorgarlos. Sin duda va a ser un cambio grande, las erogaciones por los servicios se incrementarán para muchos, pero hay que tener en cuenta que durante muchos años se han pagado precios extremadamente bajos por el agua, la luz y el gas.
Cuatro: Hay que subsidiar más inteligentemente y abaratar significativamente el consumo de garrafas de gas, que es un consumo principal para las personas de menores ingresos.
No obstante estas cualidades, debe avanzarse cuidadosamente en la reasignación de los subsidios y en la implementación de los mismos, para que el proceso se realice en forma eficiente.
Los nostálgicos de los noventa se han puesto contentos por la reasignación de subsidios y por lo que denominan un “ajuste” al mejor estilo del que se aplica en Europa actualmente. Nada más alejado de la realidad, ya que esta reestructuración de subsidios persigue una reducción para hacer más eficientes los mismos, de forma tal de utilizar los recursos liberados para el fortalecimiento de otras políticas de fomento.
Estamos ante un gobierno con un fuerte apoyo electoral, y sabemos que es el mejor momento para tomar medidas profundas, de cambios importantes. Esperamos, tal como se prometió y hasta el momento se viene cumpliendo, que todas estas medidas ayuden a profundizar el modelo de crecimiento con una mejor distribución del ingreso.
Esta nota fue publicada en la Revista Debate el 25.11.2011
