martes, 20 de julio de 2010

Algunos antecedentes al proyecto de ley de Servicios Financieros

En el año 1976 José Alfredo Martínez de Hoz asume como ministro de economía del PRN y delinea su “plan de estabilización”: fuerte devaluación de la moneda, “sinceramiento de los precios” y congelamiento de los salarios, lo que significó una fuerte restructuración de los precios relativos y una feroz contracción de los salarios reales que pasaron de significar el 48.5% del PBI en 1974 al 30,4% a fines del ‘76. La tarea de redistribuir hacia arriba (ó “recomponer la tasa de ganancia”) estaba cumplida pero se necesitaba darle “sustentabilidad” a esta nueva distribución del ingreso nacional. Una herramienta fundamental para ello fue la reforma financiera, presentada por Martínez de Hoz como “una Ley histórica, destinada a transformar radical y definitivamente la actividad económica de la Nacion”, sumada a la apertura indiscriminada de la economía y a la sobrevaluación de la moneda nacional. La “Patria Financiera” nacía en esos momentos, y permitía que si uno tomaba créditos en el exterior y ponía el efectivo en el sistema financiero argentino, los intereses rendidos por ese dinero alcanzaban para devolver capital más intereses del exterior, mas una ganancia no menor. Los excedentes y recursos corrientes de muchos empresarios nacionales se volcaban a la especulación financiera en tanto no podían competir con las importaciones posibles en aquella apertura indiscriminada y “dólar barato“.
A mediados del ‘76 un grupo de tecnicos del BCRA pusieron a disposición de una comisión asesora integrada por un director del BCRA, tres militares (uno por cada fuerza) y cuatro banqueros de actuación publica en gobiernos de facto anteriores, un anteproyecto de ley de Entidades Financieras. Sus objetivos: fomentar la concentración bancaria y la banca extranjera, dar mayores posibilidades a las instituciones de Capital Federal en detrimento de las del Interior, eliminar el régimen de garantías de depósitos y la especialización financiera (o sea, que todo lo que no está expresamente prohibido, está permitido como negocio). Ese anteproyecto también contemplaba la prohibición de las “Cajas de crédito” y la forma jurídica de “Cooperativa” para toda institución financiera (el cooperativismo de credito ocupaba entonces el 3er lugar en el ranking de depositos y creditos del sistema financiero nacional)
La lucha del movimiento cooperativo, coordinado por el IMFC (Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos) se puso rapidamente en marcha: recurrieron a la solicitud de apoyo a las principales centrales cooperativas argentinas (CONINAGRO y COOPERA) y publicaron solicitadas de diversos sectores sociales al cooperativismo de credito. En diciembre apareció la primera de ellas, firmada por 6500 entidades sin fines de lucro: escuelas, camaras empresarias, asociaciones vecinales, cooperadoras policiales, clubes deportivos y rotaríamos, etc, etc, etc… En enero de 1977 comenzó a publicarse en Clarin una solicitada de 35 páginas en la que 40.000 PyMES, a nombre propio y de su personal, le reclamaban a las autoridades que no se obstruyera la fuente de financiamiento que hacía a su subsistencia y desarrollo, y otra firmada por mas de 100 personalidades destacadas en el arte, la ciencia, el deporte y la cultura, en la que declaraban la importancia de preservar la accion cooperativa. El éxito fue parcial, porque si bien no se consiguio lo propuesto, por lo menos se consiguió que no se prohibiera toda actividad cooperativa en el ámbito de las finanzas, y obligó a las cajas cooperativas a formar bancos para seguir operando. En el año 1986 se elevó un proyecto de Ley para reemplazar la neoliberal estructura financiera que legó Martinez de Hoz, pero aunque fue aprobada en diputados (con el voto unanime de la banca mayoritaria), el Senado (conducido por V.L. "Cháchara" Saadi) no la trató y perdió estado parlamentario. Pronto el adiestramiento de las presiones del FMI haría imposible su vuelta al ruedo. En 1991 Domingo F. Cavallo impone la Convertibilidad y en el año 1992 transforma la carta orgánica del BCRA en un decálogo neoliberal, “autonomizádolo” de los poderes del Estado y dejando sin efecto los objetivos declarados de la institución hasta el momento (“regular el crédito y los medios de pago a fin de crear condiciones que permitan mantener un desarrollo económico ordenado y creciente, con sentido social, un alto grado de ocupación y el poder adquisitivo de la moneda“) para declarar un vago y mezquino “preservar el valor de la moneda”. La política Monetaria quedaba fuera de la caja de herramientas de los poderes políticos para construir su política económica, y en 1995 Cavallo establecía en una ley que “la necesidad de estabilizar el signo monetario excede el marco de la equidad en la distribución de los recursos”. Estaba claro que el objetivo de la legislacion financiera del país no era el bienestar de la población, ni el desarrollo del aparato productivo, ni la intencion de nivelar oportunidades entre grandes capitales (nacionales ó no) y el resto de los agentes económicos, si no mas bien todo lo contrario.
En el próximo post, algunos puntos del Proyecto de Ley de Servicios Financieros, diferencias con la actual normativa y posibilidades que se abren con su aprobación.

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