jueves, 29 de septiembre de 2011

Una ley de PyMEs para la Argentina que queremos


Por Verónica De Luca

En esta entrevista, Eduardo Fernández presidente de APYME, expone los fundamentos y características esenciales de la propuesta de ley Mipyme, que se concibe como herramienta estratégica para la elaboración y aplicación de políticas de Estado.
“Una nueva ley para las Pymes no puede estar ausente
del debate político sobre la Argentina que queremos”

Lo afirma Eduardo Fernández, presidente de APYME y coordinador de la comisión redactora que durante más de un año trabajó en la elaboración un anteproyecto de ley de fomento para las micro, pequeñas y medianas empresas.

Con ese objetivo se investigó la legislación vigente y la de anteriores períodos, se investigó la normativa de otros países y se recabó la opinión de numerosos profesionales, dirigentes de entidades y funcionarios relacionados con la actividad productiva. “Fue un trabajo multidisciplinario que ahora debe ser sintetizado”, concluye el dirigente.

¿Por qué una nueva “ley Mipyme”?
Como dirigentes, y como empresarios que muchas veces intentamos aprovechar las situaciones favorables del mercado y las posibilidades para intentar alguna exportación o para tecnificarnos, nos preguntamos cuáles eran las trabas que encontrábamos y las reglamentaciones a las que nos teníamos que someter para poder sostener nuestra actividad. En ese proceso notamos desdibujado el papel del Estado a la hora de identificar a quien debía tener cuenta nuestras necesidades. El Estado se había fijado como meta sostener el mercado interno y agregar valor, pero las herramientas no eran totalmente efectivas. Nos dedicamos entonces a recoger las inquietudes de nuestros pares acerca de las necesidades del sector y concluimos que es prioridad contar con una ley que fomente el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas en nuestro país, porque los instrumentos legales vigentes no son suficientes, y más aún, se concibieron bajo teorías económicas y una concepción del Estado que no se condicen con los objetivos de desarrollo con equidad distributiva que hoy se expresan.

Una herramienta estratégica

¿No hay un marco legal vigente?
Constatamos la existencia de cuerpos legales que contemplan parcialmente las aspiraciones de las Pymes, pero a pesar de las declamaciones de buena intención no instrumentaron soluciones reales para el sector o no obtuvieron el resultado esperado. Más aun, han servido en algún caso para bastardear las principales aspiraciones del sector Pyme y utilizarlo para otros fines. Esto ocurrió con la llamada “flexibilización laboral”, que bajo el rótulo de “ley Pyme” se propuso como un instrumento para abaratar costos. En aquel momento la denunciamos, ya que la experiencia indicaba que ése no era el camino para desarrollar a nuestras empresas, y con lo sucedido en los últimos años esto se corroboró. El actual anteproyecto de ley se concibe en un marco de desarrollo económico que contemple un sistema productivo con generación de valor agregado, en el que se destaque la importancia del trabajo y el respeto de los derechos laborales. La ley no debe significar la defensa corporativa de un sector empresario sino un instrumento para el desarrollo de la sociedad. Es decir, por un lado debe contemplar las virtudes de la micro, pequeñas y medianas empresas para dinamizar el sistema productivo, y por el otro cumplir con el objetivo económico, social y político que la mayoría de los argentinos queremos, que es distribuir con mucha más equidad la renta nacional.

¿Cuáles son los lineamientos del proyecto?
Por lo pronto, no se basa sólo sobre declamaciones acerca de las bondades de las Mipymes. Podemos hablar de tres ejes. El primero, considerando las dificultades para la aplicación de programas del Estado nacional, provincial o municipal, es el de la correcta caracterización del sector, indispensable para segmentar adecuadamente las políticas de apoyo. Una caracterización “ideal” requiere de una fórmula polinómica, que no tenga en cuenta sólo niveles de facturación sino además otras variables que ayuden a identificar a los distintos sujetos. Hay que avanzar hacia una mayor precisión sobre qué es una micro, una pequeña y una mediana empresa. No se pueden postular “programas para las Pymes” en general; puede haber conceptos y políticas orientados hacia las Pymes, pero la aplicación concreta, las exigencias y los tipos de programas de asistencia son muy distintos para una empresa mediana, pequeña o micro, que ya que cuentan con recursos y potencialidades diferentes. En este sentido el proyecto es dinámico; establece una parametrización pero deja abierta la posibilidad de perfeccionarla, estipulando cuándo y cómo se debe variar automáticamente, sin depender de evaluaciones de políticas que pueden o no ser acertadas.

También hay importantes variaciones según la localización de la empresa.

Otro eje de la ley que proponemos es la regionalización, que según nuestra experiencia tiene una importancia fundamental. Las Pymes del Noroeste no están en la misma situación estructural que las de Córdoba o Buenos Aires. Al analizar los datos estadísticos acerca de los acreedores de los programas de promoción, vemos la preeminencia del anillo de Capital Federal, el Gran Buenos Aires y luego algunas provincias cercanas como Santa Fe, Córdoba, Mendoza. Esta situación no se condice con objetivos de igualdad de oportunidades, atención de las economías regionales y desarrollo mucho más equilibrado del país. En tercer lugar, y estrechamente relacionado con lo anterior, se plantea la creación de un Instituto Federal para el Desarrollo de las Mipymes, que se encargue del seguimiento de la actividad actuando sobre las cadenas de valor y controlando el accionar de los formadores de precios. Sería un organismo con participación de las entidades empresarias, de los trabajadores y del Estado, en que los distintos actores productivos tengan un espacio de participación para proponer políticas y verificar su aplicación. También se crean instrumentos como la ventanilla única de atención a las Mipymes y la figura de un Ombudsman para el sector.

Mipymes sustentables

¿Cuál es el papel del Estado en este esquema?
El Estado juega un papel rector, pero el sector de la micro, pequeña y mediana empresa, más los trabajadores, los profesionales y las universidades deben jugar un rol en el diseño de herramientas que dejen de ser “programas” para pasar a ser políticas públicas. Las concepciones habituales de políticas de apoyo muchas veces parecen atender a un sector vulnerable de la sociedad, no a un sector protagónico de la actividad productiva como lo son las Mipymes. No se discute el papel del Estado, sino su efectividad sobre el sector. La ley debe ser una herramienta estratégica para un modelo productivo.

¿En qué instancia se encuentra la propuesta?
En la etapa actual se le está dando una forma técnicamente adecuada para su presentación legislativa. Para ello se entregó al cuerpo de asesores del bloque legislativo Nuevo Encuentro, específicamente a través del diputado Heller. Seguramente va a ser una gran batalla lograr que este proyecto sea tratado, teniendo en cuenta que marca además la necesidad de otras leyes complementarias. Al tratarse de una ley marco, considera tanto las funciones del Estado como la creación de instrumentos dinámicos para cumplir con objetivos de fomento al sector. Las materias no tratadas específicamente por la ley, de orden fiscal o de otro tipo, se contemplan en artículos guía que indican la complementariedad de políticas en virtud de la segmentación que se plantea.

¿Qué impacto cree que tendrá en el sector y los distintos actores productivos?
Creo que va a impactar positivamente. La sociedad va a encontrarse con un proyecto de ley que abarca los múltiples aspectos que preocupan a las Pymes, propone instrumentos específicos y herramientas para las políticas de Estado. Económicamente, es uno de los cambios estructurales que muchos planteamos, junto con la reforma del sistema financiero y del esquema impositivo. Al garantizar a las Pymes rentabilidad necesaria y sustentabilidad, va a tener un efecto macroeconómico de distribución efectiva de la riqueza. Para estas empresas, que son mano de obra intensiva, sutentabilidad significa, entre otras cosas, estar en condiciones de poder pagar salarios adecuados. De allí la importancia del proyecto en relación con su efecto redistributivo y de crecimiento económico. A mí me resulta muy difícil pensar en desarrollos productivos como los que se discuten hoy en los foros sectoriales sin una estructura jurídica y del Estado como la que planteamos. Se pueden cumplir las metas de distintas formas. Sin un marco legal que fije un tipo de intervención diferenciada en favor de las Mipymes, todo el proceso puede derivar en un mayor grado de concentración y extranjerización de la economía, lo que la torna más dependiente de grupos de poder o de países. Las Mipymes son esencialmente de capital local. Nosotros impulsamos políticas para que crezca el sector productivo nacional.

Revista APYME Nº 87 – julio 2011

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