Por Mario Rapoport *
A partir del golpe de Estado del 24 de marzo 1976 se produjeron profundos cambios en la estructura económica argentina, que terminaron por conformar un nuevo modelo económico basado en la acumulación rentística y financiera, la apertura externa irrestricta, comercial y de capitales, y el disciplinamiento social. La dictadura militar se propuso restablecer la hegemonía del mercado en la asignación de recursos, restringir la participación del Estado y abrir la competencia de los productos nacionales con los extranjeros, aunque ello significara sacrificar la industria local. En una primera etapa, de 1976 a 1978, se implementó un plan de ajuste ortodoxo, con devaluación, liberación de precios, congelamiento de salarios, facilidades para las importaciones, cese de la promoción de exportaciones industriales. En esta cuestión fue de vital importancia la reforma financiera de 1977, que ubicó al sector de las finanzas en una posición hegemónica en términos de absorción y reparto de los recursos. El nuevo Régimen de Entidades Financieras iniciaba un rumbo cuyo norte apuntaba a la liberalización del mercado interno y a una mayor vinculación con los mercados mundiales.
El terrorismo de Estado impidió toda resistencia social a la transformación regresiva de la economía. Las elites agropecuarias, los grandes grupos económicos y financieros locales, y los intermediarios de las finanzas y el comercio internacionales fueron los beneficiarios inmediatos y de largo plazo de estas políticas.
Una segunda etapa comenzó en diciembre de 1978, con la aplicación de la “tablita cambiaria”, que consistía en devaluaciones programadas inferiores a la inflación. Estas apreciaron el peso, agravaron el cierre de las industrias nacionales, imposibilitadas de competir con los productos importados, e impulsaron una gran salida de divisas, a causa de los déficit comerciales y de servicios, como los intereses pagados al capital extranjero y el turismo al exterior. Esos déficit se cubrieron con ingresos de capitales y crearon la enorme deuda externa que ya en 1981 produjo una primera crisis de graves consecuencias por la elevación de las tasas de interés internacionales.
De todas las medidas económicas tomadas en aquella época, el país heredó varias que no han sido hasta ahora modificadas, algunas de las cuales, incluso, se profundizaron en los años ’90. Las dos principales son la Ley de Entidades Financieras Nº 21.526, sancionada en 1977, y la Ley de inversiones extranjeras Nº 21.382, ambas nacidas como decretos de la dictadura militar.
La primera de ellas comenzó a regir desde la aplicación de otra medida que autorizaba al Banco Central a restituir a las entidades financieras la facultad de captar depósitos por cuenta propia y fijar las tasas de interés activas y pasivas, sobre la base de la garantía de los depósitos otorgada a esas entidades. La Ley Nº 21.526 establecía un nuevo régimen según el cual el Banco Central tendría la facultad de superintendencia mientras se valoraba la libre competencia como el medio idóneo para lograr un sistema más eficiente.
Los efectos de estos cambios con la legislación que los profundizó durante el menemismo produjeron localmente el predominio de las finanzas especulativas sobre la producción, en consonancia con la necesidad de los países centrales y las grandes corporaciones de colocar sus superávit de liquidez y obtener mayores rentabilidades aprovechando la diferencias entre las tasas de interés locales y las internacionales.
También, como señala un trabajo reciente del Cefid/ar, dio como resultado una notable extranjerización de los bancos, la concentración de los depósitos en los bancos privados –pero sobre todo en los extranjeros–, un sistema crediticio determinado por el mercado sin ninguna orientación pública, el predominio en la asignación de créditos a corto plazo y la ausencia de préstamos para el desarrollo. Esta ley constituyó sin duda una de las causas principales que provocaron la crisis del 2001 y, aunque los cambios económicos posteriores introdujeron modificaciones regulatorias que morigeraron sus consecuencias, los rasgos estructurales del sistema permanecen incólumes, especialmente la estructura crediticia. Sólo la acción de la banca pública es la que ha permitido suplir en parte estos problemas, pero todavía se hace necesaria una nueva ley que suplante la anterior.
En cuanto a la ley de inversiones extranjeras, produjo una liberalización de la entrada de capitales externos en el país, restringiendo al mínimo las áreas prohibidas para este tipo de inversiones y asegurando un trato igualitario a las inversiones extranjeras y a las nacionales. Esto acentuó el proceso de desindustrialización, porque ese capital no se ubicó en sectores industriales y, además, como la ley no obligaba a la reinversión de utilidades no se tradujo en una radicación local de las ganancias empresariales.
El gobierno de Menem liberalizó aún más esta norma al establecer que los inversores pueden colocar sus capitales sin aprobación previa y repatriar sus utilidades en cualquier momento. Una consecuencia posterior fue la aceptación de la intervención de instituciones internacionales como el Ciadi, que obliga a resolver los conflictos derivados de ese tipo de inversiones en juzgados del exterior, transgrediendo principios cardinales de la política exterior argentina, como las doctrinas Calvo y Drago.
Esta ley debe igualmente modificarse. Para ello existe un proyecto de los diputados Basteiro y Rivas en la cual se establecen nuevas normas regulatorias que restringen, por un lado, la radicación de capital extranjero a áreas claves de la actividad productiva, de los servicios y de la seguridad nacional y, por otro, establecen la necesidad de integrar esas inversiones a un plan estratégico de desarrollo industrial diversificado, priorizando el empleo de personal de nacionalidad argentina y determinando condiciones más estrictas para la repatriación de capitales.
Para culminar, la herencia de la dictadura no termina allí; paradójicamente una de las resoluciones que tomó Martínez de Hoz, porque afectaba sus propios intereses, fue la supresión del impuesto a la herencia, una decisión que ahora acaba de revertirse en parte en la provincia de Buenos Aires.
El país ha avanzado enormemente de un modelo rentístico financiero en lo económico y de exclusión en lo social a un modelo productivo e inclusivo, pero eso no se refleja todavía en el cambio de instituciones creadas durante la dictadura militar, una realidad que hay que reparar con urgencia, porque si las políticas son diferentes la persistencia de la instituciones constituye un palenque donde puede aferrarse de nuevo el fantasma del neoliberalismo.
* Economista e historiador.
Investigador superior del Conicet.
