Por Alicia Kirchner.
Asumimos como valor fundamental a la democracia en su sentido más amplio y profundo, entendiendo que no solamente se articula en lo político, sino que en el ejercicio de la política esencialmente se extiende en lo económico para el desarrollo humano. En tal sentido Cristina Fernández de Kirchner, marcó claramente un objetivo en relación a la democracia económica, cuando dijo que los trabajadores deben participar del 50% de la renta nacional Argentina, tal como participaron a mediados del siglo pasado.
En ese camino se han tomado variadas medidas políticas y sociales, que buscan alcanzarlo. Pero lo más interesante, es que el pueblo Argentino, volvió a discutir dos temas centrales que hacen a la vida económica de nuestro país, renta agraria extraordinaria y la ganancia empresaria. En el primer tema, la discusión en relación a la resolución 125 del Ministerio de Economía, fue un claro ejemplo de debate de renta agraria, allí el Congreso no aprobó dicha resolución, pero en el decurso del tiempo se ratificó el rumbo de nuestro proyecto político en relación a su profundización. También se manifestó la visualización clara de los dos proyectos de país en disputa, y la identificación precisa de los actores políticos, económicos, y los medios de comunicación que los sostenían. En esta discusión podemos decir que comienza a cristalizarse y visualizarse la participación masiva en la política por parte del pueblo en general y en particular de nuestra juventud. Esa juventud es hoy militante, soñadora, activa, solidaria e interviene nuevamente para transformar la realidad del país.
Por eso el debate de la política económica es central, y sirve para construir democracia y soberanía. Este gobierno ha puesto en la agenda política a la distribución de la riqueza y los ingresos, pero en ese debate, que mejor podríamos calificar como “batalla”, los grupos concentrados económicos intentan hegemonizar la opinión publica, a través de sus propios medios de comunicación, con un discurso que asocia cualquier incremento de salarios al posible aumento de la inflación; y paralelamente que el responsable del incremento de precios es el Gobierno. Ese camino es acompañado también por consultoras privadas formadoras de deformaciones construidas desde el análisis de dimensiones especialmente elegidas según los resultados que necesitan demostrar.
Comencemos a llamar a las cosas por su nombre. El Estado hoy se pone a la cabeza de las políticas públicas. El modelo neoliberal quiere un Estado desprestigiado, mínimo, de eso ya bastante sabemos los argentinos. El incremento de los salarios no determina el aumento generalizado en el nivel de precios (inflación), el denominado “costo laboral” es ínfimo con relación al costo de los insumos. Los que determinan el nivel de precios son algunos empresarios, y como la estructura económica en casi toda su cadena se encuentra concentrada y monopolizada, producto del modelo neoliberal impuesto durante la dictadura militar de 1976, parte de ese empresariado se constituye en formador de precio. Ahora bien, dada esta realidad económica, el empresario-formador de precio dispone incrementar los precios más que proporcionalmente al incremento de salarios y la rentabilidad media del sector, obteniendo ganancias extraordinarias, derivando en algunas oportunidades en escalas inflacionarias; sobre todo en aquellos productos que tienen una demanda inelástica como correctamente lo caracterizo nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esto es absolutamente visible. Además de los precios estacionales, cada vez que se acerca la discusión de las paritarias, los empresarios aumentan los precios “por las dudas para cubrirse”, según dicen.
En síntesis la inflación no la generan los trabajadores a través de sus salarios, menos aun el Estado Nacional, sino el capital concentrado monopólico en sus diferentes estadios de la cadena de extracción, producción y comercialización.
Ante este escenario, nuestro gobierno nacional, mantiene la firme convicción de democratizar nuestra economía, y avanzar en procesos de desconcentración económica, que eviten la distorsión de precios que deriven en apropiación extraordinaria de ganancias para algunos sectores monopólicos de la economía argentina vinculados al capital trasnacional.
Es pertinente y oportuno clarificar quienes son los formadores de precios en nuestro país ya que nos permitirá también comprender a que modelo de país apuestan y como y porque actúan corporativamente en relación a intereses comunes. La mejor forma de caracterizarlos es definirlos en términos de alianza social compuesta por la oligarquía terrateniente vinculada a los agro-negocios y el sector financiero, la cadena agroindustrial, el capital trasnacional invertido en la industria pesada y el complejo monopólico mediático. Es en el seno de esta alianza social donde reside el poder económico hegemónico, concentrador de la ganancia empresarial, y la consecuente formación de precios. Responde al modelo neoliberal y pretende formarnos culturalmente formando nuestra opinión publica, deformando nuestra conciencia nacional y popular, algo tan simple como deformar precios para formar un país sectario y excluyente. Por otro lado y como expresión del proyecto nacional y popular encontramos la segunda alianza social compuesta por el Estado Argentino, movimiento obrero organizado, movimiento cooperativo y mutual, y las fracciones del capital nacional de las pequeñas y medianas empresas.
Es sobre esas dos alianzas sociales donde nuestra presidenta despliega políticas económicas con objetivos de justicia social y soberanía económica, construyendo los caminos y los espacios políticos institucionales para discutir un modelo de desarrollo con inclusión de forma de democrática y no de forma violenta como ha ocurrido en nuestra historia reciente.
Así vemos como se despliegan diversas estrategias, que operan sobre la primera alianza social, como fue el ultimo anuncio de la presidenta en relación a acuerdos de cooperación para el desarrollo de mercados concentradores regionales, mecanismos que se orientan a atenuar la dispersión, disminuir la distorsión y evitar el aprovechamiento por parte de determinados grupos de poder en la comercialización de productos alimenticios básicos y mejorar el poder adquisitivo del salario.
Si nos detenemos en la segunda alianza social, vemos que nuestro gobierno, asumió en 2003 que el Estado debía ser fuerte, activo y debía intervenir en la economía, consolidando el mercado interno y garantizando la demanda agregada.
Esta segunda alianza, representa los intereses de las mayorías populares, pero requiere su profundización con compromiso, conciencia, movilización y mucha participación social y política por parte del pueblo Argentino. Por experiencia histórica nuestro país -y nuestra región- comprendió que de la mano de la democracia es que se lograran las grandes conquistas económicas y sociales.
