Ningún chiste (H. Verbitsky)

   Que el presidente del Uruguay haya imaginado una guerra con la Argentina y gestionado el apoyo de los Estados Unidos es un hecho de extrema gravedad que no puede ser tomado en solfa, por ridículos que puedan resultar sus protagonistas. Lo sucedido no es una anécdota que se agote en Tabaré Vázquez y George W. Bush. El recurso a las grandes potencias está en el ADN del Uruguay, por decirlo en forma amable. Fue el Lord inglés John Ponsonby, quien hace dieciocho décadas propuso zanjar la guerra entre la Argentina y Brasil con la creación del Uruguay, concebido como base de operaciones imperial para mantener la rivalidad entre las dos potencias de la región y la superioridad sobre ambas. Hubo que esperar casi dos siglos para que el presidente José Mujica le contestara desde Buenos Aires. “No somos más la creación del señor Ponsonby, el Estado tapón, queremos ser el Uruguay puente”, dijo Pepe, dirigiéndose a Cristina, como se llaman entre ellos. En la edición de ayer del diario El Observador de Montevideo, el columnista Andrés Alsina escribió que hay un tratado vigente por el cual si el Uruguay es atacado “podemos apelar a la ayuda del Pentágono”. El autor sugiere que ese tratado es secreto pero conocido por todas las fuerzas políticas orientales. Su existencia no fue confirmada por ninguna fuente política oriental, consultadas a mi pedido por el ex embajador argentino Hernán Patiño Mayer. Con o sin tratado, hay antecedentes históricos inquietantes, que fueron evocados por el ex vicepresidente Luis Hierro López, quien además forma parte de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), en la que se protocolizaron los acuerdos por la pastera del conflicto. Hierro López recordó que en 1904 el presidente liberal José Batlle y Ordóñez pidió el apoyo del presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, porque detectó que la sublevación nacionalista de Aparicio Saravia recibía armas desde Buenos Aires, ante la condescendencia del presidente argentino Julio A. Roca. El pedido, transmitido por el embajador Eduardo Acevedo Díaz, lo difundió el propio Battle, para intimidar a Roca. El embajador William Ruffus Finch lo desmintió en los exactos términos necesarios para que todos entendieran que era cierto. Al mismo tiempo recomendó a su gobierno que “un buque no muy grande podría hacer gira amistosa de reconocimiento”. No uno sino cuatro, que habían participado en la guerra con España por Cuba, atracaron en Montevideo cuando Saravia ya había muerto, luego de ser herido en combate. Sus 1200 marines bajaron desfilando hasta la plaza Independencia y así comenzó el desplazamiento de la hegemonía británica por la estadounidense. Nueve años después el ya ex presidente Roosevelt visitó el Uruguay, que Batlle y Ordóñez presidía por segunda vez. Durante el brindis en la Casa de Gobierno el hombre que arrancó una parte de su territorio a Colombia para construir el canal bioceánico y la República de Panamá fue llamado por Battle “esforzado paladín de las causas justas”. Roosevelt respondió con su habitual desparpajo: “Nosotros somos del mismo partido. Usted hace lo que yo digo”. Entre mediados de las décadas de 1940 y 1950, Uruguay llegó a tener la fuerza aérea mejor equipada de Sudamérica, con material suministrado por Estados Unidos como forma de control al gobierno argentino de Juan Perón. Esa es la sórdida historia a la que Tabaré Vázquez se afilió ahora, coherente con la batalla que libró desde el gobierno en defensa del Area de Libre Comercio con Estados Unidos, que la presión de Lula y Kirchner frustraron. Sólo queda congratularse de que la Unión Sudamericana sea sostenida por las manos firmes de Dilma, Mujica y Cristina.

Pedro Páez: "Los bancos programan la crisis para ganar con ella"

Por Raul Delatorre, para P12:

Economista ecuatoriano, nombrado por Rafael Correa para impulsar el Banco del Sur y la moneda única para la región, señala los intereses ocultos tras la crisis, provocada por los mismos que hoy definen las políticas de ajuste.

El gobierno de Ecuador fue uno de los precursores en la necesidad de construir una nueva arquitectura financiera para la región. Pedro Páez Pérez, economista ecuatoriano, estrechamente ligado a Rafael Correa, participó activamente en esa construcción, primero desde los cargos que ocupó en el gobierno de Quito y ahora como titular de la comisión presidencial ecuatoriana para una Nueva Arquitectura Financiera. Participó en Buenos Aires en diversos seminarios y conversó con Página/12, planteando un durísimo enfoque sobre las causas de la crisis financiera y quienes la impulsan para beneficiarse con ella.

–Por experiencia, ya sabemos cómo terminan las políticas de ajuste. ¿A usted no le sorprende este error de diagnóstico de los líderes europeos entre lo que se busca y lo que resultará de estos ajustes?
–No se trata de un error de diagnóstico. Las crisis están programadas para ganar con ellas. Los mismos que arman los ataques especulativos son los que están al mando de estas políticas. Pasó en Estados Unidos, con la crisis de la deuda. No había ninguna razón objetiva para pensar que podía ir al default. No había ninguna cuestión económica que le impidiera pagar una deuda en dólares, cuando es el país emisor de los dólares. No había ninguna cuestión técnica que le impidiera seguir endeudándose. Y sin embargo se armó una ficción política de un techo al endeudamiento cuyo propósito era justificar el ajuste que luego se vino, obligando a la población a pagarlo. Ahora sucede lo mismo en Europa, que empezó por Grecia: Goldman Sachs armó el maquillaje para endeudar al país, y ahora la respuesta es más ajuste y privatizaciones. Que no resuelve el problema de los bancos acreedores, pero sí va a ser un gran negocio para los que se beneficien con las privatizaciones. Y además va a servir para dejar caer la cotización del euro.
–¿En contra del dólar? ¿Es una lucha de Europa contra Estados Unidos?
–Es una guerra entre facciones, que no necesariamente se definen por límites geográficos. Hay una línea de bancos estadounidenses y británicos de un lado, que disputan negocios contra los mayores bancos europeos del otro. Pero a su vez hay algún gran banco francés más ligado a los capitales angloestadounidenses, y otros norteamericanos vinculados con el capital europeo. Por ejemplo, Lehman Brothers. No es casual que cuando cae, en 2008, inmediatamente sube el dólar.
–¿Quiere decir que golpeó más a Europa que a Estados Unidos?
–A Estados Unidos le sirvió para justificar la enorme inyección de fondos a favor de la banca. Sin la crisis de Lehman Brothers, era inpracticable. Fondos que fueron a los mismos bancos que provocaron la crisis de las subprimes, fondos que fueron a inflar nuevas burbujas. Incluso ahora se reconoce que los recursos que aportó el sector público, por diversos mecanismos, fue diez veces lo que en su momento se reconoció. Llegó a 16 billones de dólares, una cifra equivalente al PIB estadounidense. Y fue a los bancos. El poder político no va a permitir una solución por vía de créditos al sector productivo, porque desnudaría la responsabilidad de los bancos y los llevaría a pagar los costos.
–Y de ahí el epicentro de la crisis se mudó a Europa...
–Que responde con más ajuste, más inyección de fondos a favor de los bancos. Empezaron con Grecia, pero tienen que seguir con otros países para mantener esta disputa entre facciones. Y otra vez se comprueba, como en el caso de Estados Unidos, que no hay cuestiones objetivas en la justificación de las políticas de ajuste, sino necesidades políticas de los grupos financieros que dominan la escena. En el caso de España, por ejemplo, hasta la crisis se observa que tuvo un mejor comportamiento fiscal que Alemania, con menos déficit, hasta que tuvo que socorrer a los bancos. Entonces no fue culpa del Estado, sino de los bancos. Y sin embargo la respuesta fue aplicar un duro ajuste. Ahora es el turno de Italia, donde se está desarrollando un fuerte proceso de desestabilización. Hasta lo de Libia es parte de la guerra entre facciones, en una lucha por el control del principal abastecedor de petróleo y gas para la Europa mediterránea.
–No le voy a pedir que me cuente cómo termina esta guerra, pero sí que hablemos de qué tipo de prevenciones debería tomar Latinoamérica ante este cuadro.
–No sabemos exactamente cómo termina, pero sí podemos percibir que estamos viviendo un proceso de creciente desigualdad y desequilibrio. Y a diferencia de otras crisis, que superado el episodio vuelven a restablecerse ciertas condiciones de equilibrio, ahora lo que se ve es que la distorsión en los precios relativos, de las materias primas, de los metales, no va a volver necesariamente a su curso. Porque están inflados por la especulación, medidos en monedas que también tienen un valor ficticio. Estamos viviendo un estado de fuerte desequilibrio en el que los capitales especulativos siguen teniendo el control. Estamos en una situación gravísima. Lo bueno es que la región tiene las herramientas para salir por sí misma de esta crisis. Tiene la solución en sus manos, no depende de nadie. Pero tiene que haber decisión política para aplicarla.
–Sintéticamente, ¿en qué consiste esa solución?
–Lo fundamental es desarrollar los instrumentos que estamos proponiendo para lograr desconectarse de los mecanismos de impacto inmediato de la crisis. Empezar a desarrollar el intercambio comercial con una moneda propia, distinta del dólar, para lo cual el sucre es una experiencia interesante. Crear nuestros propios organismos financieros de respaldo, como el Fondo del Sur. Y nuestras propias herramientas de financiamiento del desarrollo, como el Banco del Sur. Además, las economías de Latinoamérica son de las pocas que hoy están creciendo genuinamente en el mundo, y todavía con una enorme necesidad de obras de infraestructura para hacer sustentable en el tiempo ese crecimiento. Pensemos nomás en las obras que faltan en materia de energía, o en transporte para ligar todo el continente. Se necesitan sumas enormes, pero es una inversión de rendimiento seguro en el tiempo. Justo lo que necesitan hoy los mercados financieros de los países centrales: encontrar inversiones de largo plazo rentables y seguras, que sean más atractivas que la especulación de corto plazo. Hay que tener en cuenta que ésta es una crisis de abundancia de capitales financieros que no encuentran atractivos en la economía real. Hoy los bancos europeos ya ofrecen tasas negativas, es decir que les cobran a las instituciones o países depositantes por guardarles el dinero. Y a Latinoamérica lo que le sobran son proyectos de inversión rentables en el tiempo.
–¿Hasta qué punto han logrado avanzar los países de la Unasur en acordar criterios de financiación e impulso a este tipo de proyectos?
–Ahora mismo hay un debate acerca de si el BID, que está pidiendo participar, debe intervenir o no. Yo creo que no hay problemas en que intervenga, siempre que la agenda sea la que proponga el Consejo de Ministros de la Unasur. Ya sabemos bien cómo son las propuestas del BID y los límites que plantea, por ejemplo, a la financiación de proyectos de desarrollo. Si hablamos de energía, no tienen ningún problema en financiar la investigación en energías alternativas, como la eólica. Pero si queremos desarrollar en Latinoamérica una investigación sobre petróleo, ya sea para generar formas más eficientes de búsqueda o explotación, o para mejorar el medio ambiente, no hay recursos del BID. Lo mismo ocurre con los proyectos hidroeléctricos, a los que niegan el financiamiento. Entonces, hay una lógica de que los proyectos más rentables y el uso de recursos naturales ya conocidos deben quedar para el capital privado, preferentemente extranjero. Y los desarrollos más caros, menos rentables, para los Estados. Lo mismo sucede con la educación. Si se revisan los proyectos que financia el BID, se verá que siguen el modelo chileno, el de la educación arancelada en las universidades, por ejemplo. ¿Por qué tenemos que seguir esta lógica, que profundiza la dependencia?
–Lo curioso es que, además, el BID tenga esta política de restringir los recursos no porque no los tenga, sino cuando hay abundancia de liquidez en los mercados financieros.
–Hay algo más grave que eso: el BID ha perdido un cuarto de su capital social en tres años como consecuencia de haber invertido fondos en activos tóxicos en Estados Unidos. ¿Qué necesidad tenía de estar especulando con recursos que debían ser para el desarrollo y la integración regional? Además, lo hizo después de 2007, cuando ya la curva de rendimientos de estos activos indicaba que algo raro estaba pasando e iba a pasar en los mercados especulativos. Y lo siguió haciendo hasta 2010. Claro, mientras tanto maquillaba los balances para que no trascendiera. Pero recientemente un legislador estadounidense, Richard Lugar, los obligó a reconocer en una comisión del Senado que habían mentido. Y no es un senador de izquierda, es uno de los líderes del partido republicano.

Una ley de PyMEs para la Argentina que queremos

Por Verónica De Luca

En esta entrevista, Eduardo Fernández presidente de APYME, expone los fundamentos y características esenciales de la propuesta de ley Mipyme, que se concibe como herramienta estratégica para la elaboración y aplicación de políticas de Estado.

“Una nueva ley para las Pymes no puede estar ausente

del debate político sobre la Argentina que queremos”

Lo afirma Eduardo Fernández, presidente de APYME y coordinador de la comisión redactora que durante más de un año trabajó en la elaboración un anteproyecto de ley de fomento para las micro, pequeñas y medianas empresas.

Con ese objetivo se investigó la legislación vigente y la de anteriores períodos, se investigó la normativa de otros países y se recabó la opinión de numerosos profesionales, dirigentes de entidades y funcionarios relacionados con la actividad productiva. “Fue un trabajo multidisciplinario que ahora debe ser sintetizado”, concluye el dirigente.

¿Por qué una nueva “ley Mipyme”?

Como dirigentes, y como empresarios que muchas veces intentamos aprovechar las situaciones favorables del mercado y las posibilidades para intentar alguna exportación o para tecnificarnos, nos preguntamos cuáles eran las trabas que encontrábamos y las reglamentaciones a las que nos teníamos que someter para poder sostener nuestra actividad. En ese proceso notamos desdibujado el papel del Estado a la hora de identificar a quien debía tener cuenta nuestras necesidades. El Estado se había fijado como meta sostener el mercado interno y agregar valor, pero las herramientas no eran totalmente efectivas. Nos dedicamos entonces a recoger las inquietudes de nuestros pares acerca de las necesidades del sector y concluimos que es prioridad contar con una ley que fomente el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas en nuestro país, porque los instrumentos legales vigentes no son suficientes, y más aún, se concibieron bajo teorías económicas y una concepción del Estado que no se condicen con los objetivos de desarrollo con equidad distributiva que hoy se expresan.

Una herramienta estratégica

¿No hay un marco legal vigente?

Constatamos la existencia de cuerpos legales que contemplan parcialmente las aspiraciones de las Pymes, pero a pesar de las declamaciones de buena intención no instrumentaron soluciones reales para el sector o no obtuvieron el resultado esperado. Más aun, han servido en algún caso para bastardear las principales aspiraciones del sector Pyme y utilizarlo para otros fines. Esto ocurrió con la llamada “flexibilización laboral”, que bajo el rótulo de “ley Pyme” se propuso como un instrumento para abaratar costos. En aquel momento la denunciamos, ya que la experiencia indicaba que ése no era el camino para desarrollar a nuestras empresas, y con lo sucedido en los últimos años esto se corroboró. El actual anteproyecto de ley se concibe en un marco de desarrollo económico que contemple un sistema productivo con generación de valor agregado, en el que se destaque la importancia del trabajo y el respeto de los derechos laborales. La ley no debe significar la defensa corporativa de un sector empresario sino un instrumento para el desarrollo de la sociedad. Es decir, por un lado debe contemplar las virtudes de la micro, pequeñas y medianas empresas para dinamizar el sistema productivo, y por el otro cumplir con el objetivo económico, social y político que la mayoría de los argentinos queremos, que es distribuir con mucha más equidad la renta nacional.

¿Cuáles son los lineamientos del proyecto?

Por lo pronto, no se basa sólo sobre declamaciones acerca de las bondades de las Mipymes. Podemos hablar de tres ejes. El primero, considerando las dificultades para la aplicación de programas del Estado nacional, provincial o municipal, es el de la correcta caracterización del sector, indispensable para segmentar adecuadamente las políticas de apoyo. Una caracterización “ideal” requiere de una fórmula polinómica, que no tenga en cuenta sólo niveles de facturación sino además otras variables que ayuden a identificar a los distintos sujetos. Hay que avanzar hacia una mayor precisión sobre qué es una micro, una pequeña y una mediana empresa. No se pueden postular “programas para las Pymes” en general; puede haber conceptos y políticas orientados hacia las Pymes, pero la aplicación concreta, las exigencias y los tipos de programas de asistencia son muy distintos para una empresa mediana, pequeña o micro, que ya que cuentan con recursos y potencialidades diferentes. En este sentido el proyecto es dinámico; establece una parametrización pero deja abierta la posibilidad de perfeccionarla, estipulando cuándo y cómo se debe variar automáticamente, sin depender de evaluaciones de políticas que pueden o no ser acertadas.

También hay importantes variaciones según la localización de la empresa.

Otro eje de la ley que proponemos es la regionalización, que según nuestra experiencia tiene una importancia fundamental. Las Pymes del Noroeste no están en la misma situación estructural que las de Córdoba o Buenos Aires. Al analizar los datos estadísticos acerca de los acreedores de los programas de promoción, vemos la preeminencia del anillo de Capital Federal, el Gran Buenos Aires y luego algunas provincias cercanas como Santa Fe, Córdoba, Mendoza. Esta situación no se condice con objetivos de igualdad de oportunidades, atención de las economías regionales y desarrollo mucho más equilibrado del país. En tercer lugar, y estrechamente relacionado con lo anterior, se plantea la creación de un Instituto Federal para el Desarrollo de las Mipymes, que se encargue del seguimiento de la actividad actuando sobre las cadenas de valor y controlando el accionar de los formadores de precios. Sería un organismo con participación de las entidades empresarias, de los trabajadores y del Estado, en que los distintos actores productivos tengan un espacio de participación para proponer políticas y verificar su aplicación. También se crean instrumentos como la ventanilla única de atención a las Mipymes y la figura de un Ombudsman para el sector.

Mipymes sustentables

¿Cuál es el papel del Estado en este esquema?

El Estado juega un papel rector, pero el sector de la micro, pequeña y mediana empresa, más los trabajadores, los profesionales y las universidades deben jugar un rol en el diseño de herramientas que dejen de ser “programas” para pasar a ser políticas públicas. Las concepciones habituales de políticas de apoyo muchas veces parecen atender a un sector vulnerable de la sociedad, no a un sector protagónico de la actividad productiva como lo son las Mipymes. No se discute el papel del Estado, sino su efectividad sobre el sector. La ley debe ser una herramienta estratégica para un modelo productivo.

¿En qué instancia se encuentra la propuesta?

En la etapa actual se le está dando una forma técnicamente adecuada para su presentación legislativa. Para ello se entregó al cuerpo de asesores del bloque legislativo Nuevo Encuentro, específicamente a través del diputado Heller. Seguramente va a ser una gran batalla lograr que este proyecto sea tratado, teniendo en cuenta que marca además la necesidad de otras leyes complementarias. Al tratarse de una ley marco, considera tanto las funciones del Estado como la creación de instrumentos dinámicos para cumplir con objetivos de fomento al sector. Las materias no tratadas específicamente por la ley, de orden fiscal o de otro tipo, se contemplan en artículos guía que indican la complementariedad de políticas en virtud de la segmentación que se plantea.

¿Qué impacto cree que tendrá en el sector y los distintos actores productivos?

Creo que va a impactar positivamente. La sociedad va a encontrarse con un proyecto de ley que abarca los múltiples aspectos que preocupan a las Pymes, propone instrumentos específicos y herramientas para las políticas de Estado. Económicamente, es uno de los cambios estructurales que muchos planteamos, junto con la reforma del sistema financiero y del esquema impositivo. Al garantizar a las Pymes rentabilidad necesaria y sustentabilidad, va a tener un efecto macroeconómico de distribución efectiva de la riqueza. Para estas empresas, que son mano de obra intensiva, sutentabilidad significa, entre otras cosas, estar en condiciones de poder pagar salarios adecuados. De allí la importancia del proyecto en relación con su efecto redistributivo y de crecimiento económico. A mí me resulta muy difícil pensar en desarrollos productivos como los que se discuten hoy en los foros sectoriales sin una estructura jurídica y del Estado como la que planteamos. Se pueden cumplir las metas de distintas formas. Sin un marco legal que fije un tipo de intervención diferenciada en favor de las Mipymes, todo el proceso puede derivar en un mayor grado de concentración y extranjerización de la economía, lo que la torna más dependiente de grupos de poder o de países. Las Mipymes son esencialmente de capital local. Nosotros impulsamos políticas para que crezca el sector productivo nacional.

Revista APYME Nº 87 – julio 2011

Invertir en proyectos productivos da sustento a la seguridad social

             Por: Carlos Heller

 Es muy común escuchar que “el gobierno se financia con el dinero de la ANSES” y, muchas veces, esa frase es repetida sin siquiera pensar qué significa.

Yo he dicho varias veces que para un jubilado –o mejor aún- para un potencial jubilado, no hay mayor garantía de que en un futuro cobrará que el hecho de que haya mucho empleo en blanco que pague aportes.

Cuando existían las AFJP, éstas invertían en acciones de empresas transnacionales y títulos de países extranjeros. Es muy probable que de existir las AFJP hoy tendríamos en el fondo títulos griegos o portugueses. Muy por el contrario, el fondo de garantía de sustentabilidad que administra el ANSES tiene una porción que se destina a la economía real. Esta porción, que al momento de la estatización era el 2%, se multiplicó por seis, es decir que el 12% del fondo de sustentabilidad se destina a proyectos productivos.

Entre esos proyectos se encuentran obras públicas de infraestructura vial, energética, hídrica, y de construcción de viviendas. Por ejemplo, pocos saben que en mayo del 2011 se incorporó el Programa Federal Plurianual Construcción de Viviendas en la Provincia de Buenos Aires y otros en el Chaco, La Rioja y Mendoza, y que con esos fondos además de construir y resolver problemas sociales, se está generando trabajo. Otro ejemplo de financiación es el de Atucha, donde se invierte parte de los fondos para mejorar el balance energético.

Si tomamos nada más que las inversiones en infraestructura, entre mayo del 2010 y mayo del 2011 hubo un aumento del 90% en la inversión en proyectos de esta índole. Es decir, se está generando trabajo y, obviamente, aumentando los recursos del sistema previsional. Ya lo he repetido muchas veces y lo vuelvo a hacer: lo que le da sustentabilidad al sistema, es que se reciban nuevos aportes constantemente.

Entonces, utilizar los recursos en proyectos productivos, es la mejor manera de resguardarlos. Porque existe rentabilidad social gracias a estos proyectos, es decir, influyen en el funcionamiento general de la economía porque son generadores de empleo formal, atrayendo mayores ingresos para la seguridad social.

Creo necesario resaltar el círculo virtuoso de haber recuperado el manejo de los fondos previsionales, simplemente porque fueron puestos en función de un proyecto de país. Los privatistas, que critican la reestatización del sistema previsional, se ponen locos al ver que esos fondos están volcados a proyectos productivos, que además generan puestos de trabajo, viviendas sociales y energía, porque termina demostrando que todo lo que ellos decían era una gran mentira.

Gacetilla Grupo de GPECyT (Medicamentos y Soberanía Científica)

Grupo de Gestión de Políticas de Estado en Ciencia y Tecnología

Para remover / incorporar / cambiar su dirección de correo electrónico de la lista de difusión, o comunicarse, enviar mail a grupogestion1@yahoo.com.ar. Gacetillas anteriores ver en: grupogestionpoliticas.blogspot.com.

Reglamentación de la Ley de PPM

La ley Nº 26.688, promulgada el 29/07/11, declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, vacunas y productos médicos (PPM) e impulsa el desarrollo CyT en el área.

Días atrás comentamos que un borrador de reglamentación de la Ley estaba circulando por el Ministerio de Salud y que había pasado a consulta por tres áreas: Programa Remediar, Economía de la Salud y Asuntos Legales.

Sin embargo, desde hace aproximadamente 20 días no hemos tenido más información y no sabemos si el proceso de reglamentación ha avanzado, o no. Tampoco tenemos noticias de que los representantes de los laboratorios de PPM hayan sido convocados a participar en el proceso de reglamentación.

Sería importante contar con alguna información sobre la evolución de la reglamentación de esta Ley, porque sus contenidos deben estar en el marco de una “política de Estado”, como lo expresara la Dra Cristina Fernández de Kirchner - http://mx.noticias.yahoo.com/pichetto-ley-produccion-medicamentos-politica-estado-232101816.html - .

Proyectos públicos necesarios

En 1984 César Milstein y Georges Köhler recibieron el Premio Nobel de Medicina por el desarrollo de un tipo especial de anticuerpos, denominados anticuerpos monoclonales. Estos anticuerpos tienen aplicaciones múltiples en ciencias biomédicas en análisis, diagnóstico, terapéutica, seguimiento de tratamientos, purificación de sustancias, etc.-http://grupogestionpoliticas.blogspot.com/2011/04/milstein-mincyt-informacion.html-.

Para dar una idea de su importancia -desde lo económico-, en el año 2007 las ventas de monoclonales a nivel mundial, sólo para tratamientos médicos, alcanzaron los 26.000 millones de dólares, cifra que se duplicaría para el 2013 según la consultora Datamonitor - http://www.correofarmaceutico.com/2008/10/13/farmacologia/crece-el-uso-de-anticuerpos-monoclonales-pese-a-su-alto-coste -.

El precio de esos anticuerpos monoclonales es, habitualmente, alto. Como ejemplo, un kit de un anticuerpo monoclonal utilizado rutinariamente en técnicas de diagnóstico o de investigación (p.ej: citometría de flujo o test ELISA), se ubica en una franja que va de los 300 a los 1000 dólares.

Sin embargo, a pesar de que en nuestro país hay buenos planteles en ciencias biológicas/ médicas/ biotecnología, los desarrollos productivos -públicos o privados- en el área son escasos y no cubren -ni cerca- necesidades o demandas propias. Y no sólo en productos sofisticados, sino en reactivos de uso masivo como, por ejemplo, los utilizados para determinar grupos sanguíneos o el factor Rh, que se importan a granel. Aquí sólo se envasan y venden, cuando se podrían producir por el sector público, en un ámbito en donde ni siquiera hay conflicto de intereses con empresas privadas, que no hacen esos desarrollos.

Desde el Gobierno se viene estimulando la incorporación de CyT en la industria como una manera de agregar valor a los productos o para sustituir importaciones, políticas que complementadas con medidas arancelarias han generado muchas fuentes de trabajo. Además, el Congreso está revisando la ley Nº 25.551, que estimula el “compre argentino”, como instrumento de promoción y protección de la Industria Nacional, con énfasis en las pequeñas y medianas empresas - http://www.ncn.com.ar/notas/11340-por-la-ley-de-compre-argentino-empresarios-acuden-a-diputados.html -.

Pero esas políticas, dirigidas mayormente al sector privado, también deberían expandirse al ámbito público porque hay asignaturas pendientes en muchos rubros y, muy notoriamente, en el ámbito de las ciencias biomédicas, en donde se podrían sustituir importaciones implementando proyectos de envergadura con impacto en salud/ CyT/ economía, así como en la absorción de RRHH calificados.

Sería sencillo estimar cuánto se importa en rubros del área de la biología/ medicina, tanto como para tomar decisiones. Sólo con analizar las rendiciones de cuentas de los subsidios que otorga la Agencia Nacional de Promoción CyT, el CONICET las universidades, fundaciones, así como el gasto en insumos hospitalarios, podría darnos una idea de dónde estamos parados.

Porque los desarrollos públicos en biología/ biomedicina están a años luz de poder ser equiparados a lo que ocurre en el área de la física/ ingenierías varias/ computación, etc, en donde se observa construcción de satélites, cohetes, radares, reactores nucleares de baja potencia, por mencionar algunos rubros estratégicos y en donde intervienen organismos públicos como la CONAE, la CNEA o el INVAP, entre otros.

Sin duda que en el área de productos biológicos hay algunos desarrollos de muy buena calidad, pero claramente son insuficientes y sería importante que se tomen decisiones políticas sobre el tema.

Vaya como ejemplo el accionar del Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba, que emplea a alrededor de 200 personas, produce gamma globulina antitetánica, endovenosas, anti Rho, albúmina, factor VIII anti hemofílico, etc. Una empresa de la UNC que, además, exporta y funciona como centro de docencia, investigación y producción en la Ciudad Universitaria de la UNC. Además, produce a bajo costo, se autofinancia y sus ganancias las reinvierte en el Laboratorio. Tanto el laboratorio como sus productos están aprobados por ANMAT. Por eso, si queremos hacer desarrollos públicos en serio, éste es un ejemplo a replicar. Si quiere visitarlo, entre a: www.unc-hemoderivados.com.ar/ .

Pero además del Laboratorio de la UNC, están el Instituto Biológico de La Plata, el Instituto Malbrán, el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas “Dr Julio Maiztegui” de Pergamino y el Centro de Biotecnología Industrial del INTI, algunos de ellos muy desaprovechados. Todos ellos organismos con capacidad efectora, a lo que debemos sumarle facultades/ universidades con expertos en biología, bioquímica, biotecnología, ingeniería genética, etc, que podrían participar en el desarrollo de emprendimientos públicos, sin por eso dejar sus actividades específicas.

Así se podrían producir anticuerpos monoclonales con finalidades varias, vacunas, medicamentos, proteínas de uso terapéutico y/o diagnóstico, reactivos hospitalarios y para investigación, etc, actuando desde el laboratorio de investigación a la producción y de ahí a la sociedad. Y en esa cadena SÍ que hay valor agregado.

Porque actuando sobre necesidades propias podremos avanzar y, además, fortalecer todos los ámbitos de la investigación CyT. Tenemos instituciones públicas y RRHH, sólo hace falta desición política y coordinación.

Además, todos estos emprendimientos potenciales están, implícita o explícitamente, comprendidos en las normativas de la Ley Nº 26.688, hoy en la fase de reglamentación.

La Gratuidad Universitaria y la verdad histórica

   Cuando observamos las recientes manifestaciones estudiantiles en la hermana República de Chile, que luchan por conquistar un derecho que tenemos todos los argentinos hace sesenta y dos años, no podemos menos que recordar la estratégica decisión tomada por el Presidente Perón el 22 de noviembre de 1949 a través del Decreto 29.337, que suprimió todos los aranceles universitarios.

Si bien el golpe militar de 1955 y las sucesivas dictaduras, incluyendo la última y más sangrienta y genocida, lograron ocultar dicha decisión política por casi cinco décadas, no pudieron revertir la decisión y no pudieron arancelar los estudios universitarios. Argentina sigue siendo uno de los pocos países donde los estudiantes no pagan sus estudios.

El decreto de Perón fue ocultado y desconocido por la mayoría de los académicos, intelectuales y estudiantes que le atribuyeron la gratuidad universitaria a la reforma de 1918. La entrevista donde el ex mandatario explica el sentido de su decisión fue prohibida como todos los documentos de lo sucedido en su primer y segundo mandato.

Recién hace cuatro años fue sancionada la Ley que declara el 22 de noviembre como Día de la Gratuidad de la Enseñanza Universitaria. Para lograrlo, los jóvenes universitarios formaron la Agrupación 22 de noviembre; muchos académicos y legisladores hicieron “revisionismo histórico” justamente para descubrir la verdadera historia de la decisión que logró la gratuidad como patrimonio de todos los argentinos y la Presidenta de la Nación lo aclara cada vez que inaugura una nueva universidad para que en los lugares más postergados, a lo largo y a lo ancho de nuestro país se pueda ejercer el derecho.

Perón fundamenta su decisión en que es una medida de buen gobierno, ya que “el Estado debe prestar todo su apoyo a los jóvenes estudiantes que aspiren a contribuir al bienestar y prosperidad de la Nación suprimiendo todo obstáculo que les impida o trabe el cumplimiento de tan notable como legítima vocación”.

Ello colaborará para él, al engrandecimiento y auténtico progreso del pueblo que estriba en gran parte en el grado de cultura que alcanza cada uno de los miembros que la componen.

Toda historia es contemporánea, decía el filósofo e historiador antipositivista, Benedetto Croce, dado que la historia la hacen los hombres y sus decisiones del pasado determinan nuestro presente, así como las decisiones que tomemos hoy, serán las que construyan nuestro futuro, tanto individual como colectivo.

El ocultamiento de esa realidad, del protagonismo de los hombres para transformarla, intenta naturalizar los hechos sociales como si las injusticias catástrofes inevitables de la naturaleza, promover el escepticismo, como si el presente hubiera caído del cielo, como fenómenos meteorológicos, como si los derechos humanos y sociales no fueran siempre conquistas de los pueblos.

Decía José Vasconcelos, Ministro de Educación de México, que había que ampliar la Patria para hacerla americana y para ello se debía comenzar por la unificación de la enseñanza en todos los países de Ibero América, adoptando textos comunes con las excepciones naturales del caso. Para él toda constitución Ibero-americana debería decir “Son ciudadanos de este país y tienen todos los derechos a la ciudadanía, los nacidos en territorio de Hispano- América”.

Sabemos que con la gratuidad no alcanza para hacer reales los derechos legales. Que la selección para acceder a los estudios superiores no empieza con el ingreso a la universidad, sino con la inequitativa distribución de la riqueza, del poder económico, social y cultural, pero solidarizarse con los estudiantes chilenos, es hermanarse con los pueblos de Nuestra América, es cultivar, decidir y comprometerse a construir la Patria Grande, la Patria Única como nos señalara el Maestro de Juventudes Manuel Ugarte.

Autor: Ana Jaramillo, Rectora de la Universidad de Lanús

¿Peronismo Kosher?

Fuente: Clarin.com

Dice Clarín:

" Más de 400.000 personas protagonizaron ayer la mayor protesta social de la historia de Israel, en la cúspide de las manifestaciones contra la carestía de la vida y en reclamo de mayor justicia social... “Nos decían que el movimiento estaba estancado, pero esta noche demostramos lo contrario”, dijo eufórico Itzik Shmuli, una de las figuras del movimiento social. “Nosotros, los nuevos israelíes, estamos determinados a seguir el combate por una sociedad más justa y mejor , aunque sabemos que será largo y difícil”, agregó."

"La mayor concentración se dio en Tel Aviv, donde la plaza central estaba rebosante de gente. Los diferentes medios israelíes coincidieron en que en el lugar había unas 300 mil personas. Allí se podían ver laicos, religiosos, estudiantes, empleados públicos, judíos y árabes, y muchos jóvenes que se movilizaban por primera vez. La manifestación se desplazó por las calles que iban del Boulevard Rotchild, donde hay cientos de carpas de protesta, hasta la “Plaza de la Nación”, en la que esperaban dirigentes sociales y artistas que se sumaron a la protesta cantando canciones... Lo que empezó con la protesta de algunos jóvenes por la imposibilidad de comprar o alquilar vivienda, se convirtió en la expresión social de diferentes sectores de la sociedad israelí por la falta de recursos y las desigualdades. Situación que Netanyahu llevó a su máxima expresión con la reducción de los impuestos a los empresarios más ricos, a partir de su concepción –propia del neoliberalismo que encarna– según la cual son ellos los “motores de la economía”. Esta política vio en la privatización y en la reducción del Estado una “panacea”, y acarreó un importante deterioro en la educación, salud y otros servicios tradicionalmente públicos en Israel. También generó un fuerte endurecimiento del costo de la vida."

Mmm... ¿son cosas como éstas, como lo de los "indignados" españoles, como la de los sublevados ingleses, como la de los estudiantes chilenos, las que llevan a los de la cornetita a decir que "estamos cada vez más aislados del Mundo" porque estas cosas acá no pasan?!

   Bueno, así sea... pese a tus denodados esfuerzos por "integrarnos", Magnetto. Pero esperá, que el Pueblo Argentino vá a volver a las calles a manifestarse masivamente, y no dentro de mucho...

Te anticipo la fecha y todo: va a ser el 23 de octubre, y en esencia va a decir lo mismo:
Que queremos un País más Justo y Grande, y que sabémos cómo... y con quién Presidiendo.